Elda Rodríguez: “Conatel está actuando estrictamente al marco legal sobre medida sancionatoria a Televen”

La directora de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, Conatel, Elda Rodríguez, dijo que con la medida sancionatoria abierta a Televen, “no se está procediendo a la persecución de ningún medio de comunicación social”..

El procedimiento administrativo sancionatorio por el seriado “Los Simpsons” trasmitido en el horario todo usuario por el canal privado Televen, se inició en defensa de los derechos de usuarias y usuarios que han hecho seguimiento a la tira cómica presentando denuncias en relación al caso..

Rodríguez, manifestó que el canal 10 estaba violando el artículo 7 de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, “en la serie animada se aprecian elementos con imágenes y lenguaje inapropiados, que pueden influir en el comportamiento y la formación de los niños, niñas y adolescentes”..

Por otra parte, la directora de Conatel, hizo referencia a la polémica que se ha suscitado en países como España, Argentina y Estados Unidos acerca de los dibujos animados “Los Simpsons”, donde se han vetado capítulos de los comics por tener cargas de mensajes inadecuados.

“El pasado 8 de enero del año en curso, CONATEL, hizo llegar un exhorto a TELEVEN para que respetara las directrices de la Ley Responsabilidad Social de Radio y Televisión, donde el ente recibió respuesta de la planta televisora indicando que iban a regirse al llamado, y pasados dos meses seguían transmitiendo el seriado”, acotó la titular del ente regulador..

Dentro de las sanciones que podría tener Televen por no acatar y apegarse a las leyes, es la posible suspensión de espacios, que obligará a la planta televisiva a la transmisión de programas ordenados por el ente regulador, o una multa en base a los ingresos de la planta, o un cierre temporal por 72 horas, indicó Rodriguez..

Se espera que para el mes mayo se de a conocer la decisión que tomaría el Directorio de Responsabilidad Social en Radio y Televisión sobre el procedimiento sancionatorio al canal.

Fuente: Prensa CONATEL / Ramón Filipino

Comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela sobre el Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2007

Comunicado del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela sobre el Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2007
La República Bolivariana de Venezuela rechaza categóricamente el Informe 2007 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en lo referido al desarrollo de los derechos humanos en Venezuela y repudia, por falsos, los señalamientos sobre supuestas violaciones que “afectan de manera general el disfrute efectivo de los derechos humanos de todos los habitantes de Venezuela”, como temerariamente refrenda la CIDH.

El Estado venezolano ha analizado detenidamente el Informe 2007, percatándose nuevamente con decepción, que las fuentes utilizadas por la CIDH para su elaboración, corresponden a un sin número de aseveraciones, ligeras y sin elementos probatorios, producto de datos y opiniones emanadas de varias organizaciones –con una clara tendencia política opositora- contrarias a las acciones que lleva a cabo el Estado Venezolano, en función de perfeccionar la calidad democrática en nuestro sistema político y social, orientado por la legítima y democrática Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Este Informe de la CIDH constituye un acto más de la campaña de descrédito internacional, impulsada desde el gobierno de los Estados Unidos de América, contra instituciones venezolanas y nuestro sistema democrático, sin duda alguna la CIDH cede una vez mas a las groseras presiones de la Casa Blanca.

El Informe reitera la actitud de parcialidad y selectividad malintencionada con que actúa la CIDH contra Venezuela, lo cual pone en entredicho la credibilidad y fortaleza de este organismo del Sistema Interamericano.

Contrario a lo que afirma la CIDH, el Estado venezolano, en estos años de Revolución Bolivariana, ha alcanzado innegables progresos en cuanto al respeto, goce y garantía de los derechos humanos de todos los venezolanos y venezolanas, como resultado de la clara vocación de nuestro gobierno de combatir la pobreza, la desigualdad y la exclusión en la que fue sumida nuestra patria, como producto de las políticas neoliberales aplicadas. De igual manera, la CIDH se niega a valorar los esfuerzos que se realizan en Venezuela para garantizar plenamente los derechos constitucionales.

El ejercicio de la actividad de los defensores de los derechos humanos, el derecho a la libertad de expresión, el legítimo derecho a la protesta social y el respeto a la vida se encuentran plenamente garantizados en nuestro país. Hoy Venezuela disfruta como nunca antes en su historia, de un sistema democrático de amplias libertades, con la participación entusiasta y consciente de todo el pueblo, realidad ésta que es fácilmente comprobable en cualquier lugar de la geografía de nuestra patria.

Igualmente hay avances sustanciales en el combate contra la delincuencia y en el mejoramiento de las condiciones de nuestros centros de reclusión, son logros irrefutables, siempre orientados por los principios humanistas de nuestra Constitución.

A diferencia del pasado, que existía un poder judicial atado a los grupos económicos, mediáticos y a la oligarquía interna, en Venezuela existe hoy un Poder Judicial autónomo, independiente e imparcial, obligado constitucionalmente para garantizar a los venezolanos y venezolanas el derecho a la protección judicial efectiva de sus derechos e intereses, a todos por igual.

Un análisis objetivo de la situación, necesariamente lleva a concluir que no hay motivo para cuestionar, de manera especial y por encima del resto de los países del continente, el sistema de derechos humanos que impera en nuestro país. Mucho menos se justifica cuando se tiene en cuenta que antes de producirse todos los progresos en materia de derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos conquistados por el Gobierno Bolivariano, la Comisión Interamericana ignoró la situación de los derechos humanos en Venezuela.

El Estado venezolano expresa su honda preocupación por la subjetividad con la que la CIDH ha elaborado su Informe 2007, y ratifica su inconformidad y desacuerdo con los hechos en él planteados, pues no responden a una investigación analítica, seria e imparcial sobre la situación de Venezuela en relación con los Derechos Humanos.

La CIDH una vez más viola los principios que deben regir los Sistemas Internacionales de Protección de los Derechos Humanos, que se basan en la buena fe, imparcialidad, objetividad, no selectividad, diálogo constructivo, cooperación, transparencia y equilibrio, en ese sentido la República Bolivariana de Venezuela reitera su llamado a los gobiernos del continente para que no permitamos que se utilicen estos espacios de manera parcializada, intentando legitimar campañas políticas contra Gobiernos democráticos que enaltecen y garantizan los Derechos Humanos de sus pueblos, como es el de la República Bolivariana de Venezuela.

Fuente: Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información / 5 de abril de 2008

Seminario Regional sobre la Lucha contra la Corrupción se realizará del 1 al 04 de abril en Caracas

Entre el 01 y el 04 del próximo mes de abril, se realizará en el auditorio del edificio sede del despacho de la Fiscal General de la República, el Seminario Regional sobre la Lucha Contra la Corrupción, evento organizado por el Ministerio Público y la Embajada de Francia.

El seminario, cuyas palabras de apertura estarán a cargo de la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, contará con la participación, como ponentes, del fiscal general de Ecuador, Washington Pesantes, y el jefe de la Unidad Anti-corrupción de ese país, José Cisneros.

Asimismo en el evento, que tiene como objetivo el intercambio de conocimientos y experiencias en la lucha contra la corrupción, participarán en calidad de ponentes la directora general del Viceministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción de Bolivia, Carmiña Llorente; el comisario divisionario de la Policía Nacional de Francia, Yves Gibaud, y la fiscal 1üï de la Corte de Apelación de París, Michelle Vaubaillon.

Por nuestro país, participarán como ponentes el fiscal 5üï ante la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, Alejandro Castillo; los fiscales 57 y 66 nacional del Ministerio Público, Luis Abelardo Velásquez y Jesús Gerado Peña, respectivamente, la directora general de Control de la Administración Nacional Descentralizada de la Contraloría General de la República, Janeth Herdenez, y el auditor general de dicha institución, Silvio Godoy.

Durante el evento se tratarán temas como el valor probatorio de las actuaciones practicadas por los órganos contralores; los mecanismos empleados para la elaboración de las mismos, su incorporación al proceso penal y las declaraciones juradas de patrimonio, como herramienta fundamental para la prueba del delito de enriquecimiento ilícito.

También, se discutirá en relación a la figura doctrinal relevante para las aprehensiones en flagrancia de funcionarios que incurren en delitos de corrupción; los procesos licitarios; el sistema de control interno del sector público; los mecanismos a implantar para establecer controles en los estados de emergencia y el sistema de presupuesto.

Otro temas a abordar, será las medidas adoptadas para fortalecer los sistemas de prevención de los delitos de corrupción y el establecimiento o ampliación de los organismos encargados de su prevención, entre ellos la contraloría social. Finalmente, se tratará el tema de delito de legitimación de capitales, como tipo penal autónomo, en lo referente al tema de la corrupción.

La clausura del evento estará a cargo del jefe de la Cooperación Francesa para América Latina, Bernard Grau.

Fuente: Ministerio Público

Crisis eléctrica tiene su foco de corrupción en el binomio Cadafe-Desurca”


Johnson Delgado, Presidente de COPEI-Táchira, señaló este miércoles que la crisis eléctrica por la cual está atravesando el estado Táchira es producto de la supuesta corrupción entre las compañías eléctricas Cadafe y Desurca.

Explicó que el usuario es la razón de ser del servicio eléctrico, “sin electricidad no hay bienestar social ni actividades comerciales y económicas. En Venezuela, el servicio eléctrico es accesible a un 95% de las poblaciones de 5.000 o más habitantes. Tal vez más que ningún otro servicio público, aún el de transporte, el servicio eléctrico es el más sensible factor de equilibrio entre la sociedad y el Gobierno”.

Por tal razón señaló que el racionamiento de electricidad y una pobre calidad del servicio lesionan los derechos e intereses del usuario eléctrico y, en consecuencia, “es válido concluir que toda crisis eléctrica es crisis política”.

Asimismo aseveró que es competencia del Estado cuidar los intereses del usuario eléctrico y, a la vez, cuidar sus propios intereses en tanto que su supervivencia es función de su seguridad energética. “Es decir, no hay lugar para que los solos intereses corporativos prevalezcan sobre los del Estado-Nación, ni que éstos y los del Gobierno prevalezcan sobre los intereses del usuario eléctrico; si ello fuere así, es previsible la ocurrencia de crisis del servicio y, por tanto, de crisis política”.

Crisis del Servicio Eléctrico

Según el dirigente de la tolda verde, Venezuela está progresivamente inmersa en una crisis eléctrica y su epicentro anida en la empresta estatal CADAFE. “La gestión Cadafe 2001-2005, en efecto, exhibe logros negativos sin precedentes; así -por ejemplo- pierde un 40% de su electricidad por robos en baja tensión. Es decir, pierde unos 15 TeraWatios-hora/año, equivalentes a 1,5 veces la generación promedio anual de Caruachi (2.200 MW), la tercera hidroeléctrica del Bajo Caroní y cuya inversión se ubica en 2.500 millones de dólares”.

Agregó que un 60% del parque termoeléctrico de CADAFE está inactivo. “Durante 2001-2005 ocurrieron 316 interrupciones mayores de 100 megavatios -MW- en el Sistema Interconectado Nacional. CADAFE contribuyó con 251 (80%) de los 316 eventos que desencadenaron racionamientos mayores de 100 MW. CADAFE administró 643 millones de dólares en proyectos de transmisión durante 2001-2005. Sin embargo, los proyectos finalmente ejecutados por CADAFE se corresponden con sólo 155 millones de dólares, es decir, un 24 por ciento de lo asignado”.

Recordó que también hubo crisis de electricidad en las décadas de los años 80-90 y su epicentro fue la estatal CADAFE. “Mediatizado como infalible, el paradigma privatizador de los servicios públicos fue acríticamente adoptado por la clase política venezolana de entonces e interesadamente instrumentado por el Fondo de Inversiones de Venezuela, sustituido ahora por el Bandes”.

Para Jonson Delgado, es de suma urgencia investigar a Cadafe, “porque La inusual renta petrolera que hoy nos ocurre, en efecto, alienta el despilfarro y la corrupción en los ámbitos estatales, de manera que para la clase política revolucionaria en funciones, en su mayoría una cuasi-tecnocracia, es rentable inducir crisis en los servicios públicos”.

Fuente: Prensa COPEI Partido Popular

Diario El País viola derechos de sus lectores al manipular información contra Venezuela

“Hemos visto con alarma como la línea editorial de El País ha sido de una evidente parcialidad periodística con una clara manipulación de información en contra de Venezuela y su pueblo”, sostiene el ministro del Poder Popular para Comunicación e Información, Andrés Izarra, en una carta enviada este 25 de marzo, al director de ese periódico español, Javier Moreno.

En esta misiva, Izarra manifiesta también preocupación por la violación del derecho de los lectores de El País a recibir “una información veraz, lo más completa posible”, principio establecido en el libro de estilo de ese diario.

El ministro venezolano cita numerosos ejemplos de contenido sistemáticamente distorsionado sobre Venezuela, durante el año 2007 y este año 2008.

Como ejemplo, Izarra destaca que “entre el 15 de enero y el 15 de marzo de este año se publicaron en El País 142 artículos sobre Venezuela, es decir, una cobertura asombrosa de 2,4 artículos diarios. De estas publicaciones 5 fueron editoriales y 21 artículos de opinión, todos ellos con una tendencia claramente negativa y contraria al gobierno venezolano”.

El titular del MinCI enumera los esfuerzos hechos por el diario español, a través de múltiples artículos de opinión, para relacionar al Presidente Hugo Chávez con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y así desacreditar su rol como mediador de paz.

Entre ellos, cita el editorial del 11 de marzo, titulado “Tregua para Colombia”, en el cual se da por cierta la información de una computadora que supuestamente encontraron en el campamento bombardeado en Ecuador, y destaca que tratar como cierta, sin verificación alguna, la información de esa presunta computadora ha sido la regla en El País.

“La ‘veracidad’ de los datos de la computadora de Reyes tuvo que ser puesta en tela de juicio incluso por el Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, quien declaró el 19 de marzo: ‘La Interpol va a decir si esas computadoras tenían esa información antes del 1 de marzo y si esa no ha sido manipulada ni alterada (…) Sobre esto pediría que no se pierda la cabeza como se ha hecho en los últimos días. He visto muchas evidencias producidas en bruto y muchas no corresponden a la realidad”.

Después de considerar estos ejemplos, Izarra señala que el desprecio de El País por la verdad y la negación del acceso a la información veraz con referencia a Venezuela ha sido recurrente, y evidencia una clara campaña contra el Presidente Chávez y su gobierno. “Le rogaríamos que vuelva su línea editorial a lo que El País fue en sus comienzos, un referente para la ética periodística”, concluye el ministro dirigiéndose al director del diario.

Fuente: Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información