Organismos de seguridad privaron de libertad a una pareja venezolana que se dedicaba a la explotación sexual de mujeres de su país que recién llegaban a España.
Los hechos habrían ocurrido en un apartamento de Villaverde, por lo que cada uno enfrenta hasta 61 años de prisión.
De acuerdo con los investigadores, este matrimonio venezolano formaba parte de una estructura que capta personas. En este sentido, trascendió que hallaban mujeres en Venezuela, les pagaban sus viajes a España y las alojaban en una vivienda de Villaverde Bajo, donde las obligaban a ejercer la prostitución las 24 horas del día, los siete días de la semana «para saldar deudas que, según varias testigos, oscilaban entre los 4.000 y los 6.500 euros».
Estos explotadores le exigían la mitad de lo que ganaban a las mujeres y con el resto debían afrontar la deuda, la comida y otros gastos, según informó el medio español El Mundo.
RELATOS DESGARRADORES
Durante el juicio, varias testigos protegidas declararon por videoconferencia en contra de estas personas. Una de ellas se negó inicialmente a prestar declaración. «Tengo mucho miedo y exijo usar el distorsionador de voz», llegó a decir la víctima ante la sala.
Una de las víctimas comentó que en el piso vivían entre 15 y 16 mujeres que tenían que compartir solo dos habitaciones. «Dormía donde cayera la noche. No había espacio para dormir. Llegué a dormir hasta en el suelo de la terraza», contó.
Asimismo, indicaron que las multaban cuando se negaban a cumplir sus órdenes por estar enfermas, durante la menstruación o por considerar que determinadas prácticas sexuales suponían un riesgo para su salud. «Me obligaban a hacer sexo oral sin preservativo y si me negaba también me multaban», declaró una de ellas.
Una de las testigos aseguró que la mujer acusada afirmaba tener vínculos con el Tren de Aragua. «Dijo que tenía contacto con el Tren de Aragua y que si había un problema con ella iban a responder», declaró.
La misma mujer relató que un día varios hombres encapuchados irrumpieron en el inmueble y agredieron al hombre acusado mientras le llamaban «sapo». Después, según su versión, les retiraron los teléfonos móviles para comprobar si alguna de las residentes había informado sobre lo ocurrido.
Asimismo, contaron que las vigilaban por cámaras de seguridad las 24 horas del día e incluso escuchaban lo que conversaban.
Sus defensas intentaron desacreditar los testimonios y cuestionaron especialmente la participación directa de los procesados en algunos episodios relatados por las víctimas. También solicitaron la nulidad de determinadas conversaciones de WhatsApp incorporadas a la causa al considerar que el acceso al teléfono del marido se produjo de forma irregular, ya que los investigadores podrían haber accedido al observar a hurtadillas el patrón de desbloqueo mientras este buscaba el número de su abogado.