El Congreso español aprobó este jueves una resolución que insta al Gobierno de Pedro Sánchez a solicitar a la Corte Penal Internacional (CPI) la emisión de una orden de arresto contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
Durante una Sesión Plenaria, el proyecto recibió el respaldo mayoritario de los diputados del Partido Popular (PP) y VOX.
El Parlamento solicitó la emisión de un comunicado público dirigido a Maduro, exigiendo el cese inmediato de la «represión» y la liberación de todos los detenidos. Este primer punto de la resolución recibió 346 votos, de los cuales 183 fueron a favor y 163 en contra, sin ninguna abstención.
El segundo punto de la resolución pide al Gobierno que se adhiera a la demanda presentada en 2018 ante la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional (TPI) y que solicite avances en la investigación sobre la situación en Venezuela, incluyendo la petición de una orden de arresto contra Maduro y otros «sospechosos de crímenes de lesa humanidad». Esta propuesta contó con 345 votos, de los cuales 171 fueron a favor, 161 en contra y 13 abstenciones.
En el tercer punto, el Congreso respaldó los informes de Naciones Unidas que documentan las graves violaciones de derechos humanos en Venezuela, con un amplio apoyo de 346 votos, de los cuales 302 fueron a favor, 31 en contra y 13 abstenciones.
Finalmente, el cuarto punto solicita al Gobierno que presente un informe al Congreso en el plazo de un mes, detallando las acciones realizadas por la Embajada de España en Venezuela en defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos españoles «afectados por crímenes de lesa humanidad». Este punto también obtuvo 346 votos, con 183 a favor y 163 en contra, sin abstenciones.
Además, el texto llama a adherirse a una demanda presentada en 2018 y a dirigirse a la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional para solicitar avances en la Situación Venezuela.
Los diputados detallaron que desde 2014, numerosos organismos internacionales han documentado la «violencia represiva» del Gobierno venezolano y en 2018, la Fiscalía de la CPI inició un examen preliminar sobre la situación en Venezuela, encontrando fundamentos razonables para considerar que se han cometido «crímenes de lesa humanidad».
La Proposición no de Ley, firmada por varios diputados del GPP, subraya la necesidad de que España, como Estado Parte del Estatuto de Roma, asuma un compromiso firme en la «defensa de los derechos humanos y la justicia internacional».