Según la investigación, basada en documentos internos de Pdvsa y datos del Banco Central de Venezuela, cerca de la mitad de los ingresos petroleros del país habrían sido desviados. También se menciona que, hacia finales de 2022, auditorías internas de la estatal habrían detectado cientos de embarcaciones petroleras que salieron del país sin pagos registrados.
Un informe publicado por The New York Times expone presuntas irregularidades en la gestión de la industria petrolera venezolana durante los últimos años del gobierno de Nicolás Maduro, en medio de una etapa de acercamiento entre Caracas y Washington en materia diplomática y comercial.
Según la investigación, basada en documentos internos de Pdvsa y datos del Banco Central de Venezuela, cerca de la mitad de los ingresos petroleros del país habrían sido desviados o no registrados oficialmente a inicios de esta década. El reporte estima que por cada dos dólares generados por la venta de crudo, uno habría sido objeto de pérdidas asociadas a corrupción o manejos irregulares.
El diario señala a Carlos Malpica Flores, sobrino de la primera dama Cilia Flores, como una figura clave en presuntos esquemas de intermediación petrolera. De acuerdo con el informe, empresas vinculadas a su entorno habrían exportado crudo por miles de millones de dólares sin que esos ingresos ingresaran plenamente a las cuentas de Pdvsa.
También se menciona que, hacia finales de 2022, auditorías internas de la estatal habrían detectado cientos de embarcaciones petroleras que salieron del país sin pagos registrados, generando pérdidas significativas para el Estado venezolano.
El reportaje describe además una red de estructuras paralelas en el comercio de crudo, en la que intermediarios privados habrían mantenido operaciones incluso tras sanciones internacionales, en algunos casos vinculados a contratos con la estatal venezolana.
Según el medio estadounidense, algunos de estos actores económicos habrían conservado influencia en el sector energético bajo la actual administración de Delcy Rodríguez, aunque el alcance de estas operaciones no está completamente verificado.
El informe se publica en un contexto en el que Estados Unidos impulsa un eventual incremento de inversiones en el sector petrolero venezolano, condicionado —según fuentes citadas— a mayores garantías de transparencia y seguridad jurídica.